Desde el comienzo del programa de Recompensas por la Justicia en 1984, el gobierno de los Estados Unidos ha pagado más de 200 millones de dólares a más de cien personas que han compartido información práctica y viable con la cual se han llevado a terroristas ante la justicia, se han desmantelado ataques terroristas o su financiación o se han desarticulado mecanismos financieros de aquellos involucrados en actividades ilegales que apoyan al régimen de Corea del Norte.